La Fiscalía española

España - La Fiscalía española ha abierto un nuevo proceso contra la reconocida cantante colombiana Shakira, acusándola de presunto fraude fiscal por un monto superior a los 6 millones de euros durante el año fiscal 2018. A pesar del éxito continuo de Shakira en la industria musical, enfrenta una solicitud de pena que incluye ocho años y dos meses de cárcel, junto con una multa considerable de 23.8 millones de euros, según informan fuentes judiciales.

La intérprete de “Acróstico” enfrentará un juicio que está programado para comenzar el 20 de noviembre en la Audiencia, con un total de 12 sesiones que se espera concluyan en diciembre. El periódico El Mundo ha reportado que se citarán alrededor de 200 testigos durante este proceso judicial, poniendo en evidencia la magnitud del caso.

A pesar de haber trasladado su residencia a Miami junto a sus hijos, Shakira continúa enredada en disputas legales con la administración fiscal española. Esta no es la primera vez que la artista enfrenta acusaciones de esta índole en España; anteriormente fue acusada de evadir 14.5 millones de euros en impuestos entre los años 2012 y 2014. Según las investigaciones previas, se alega que Shakira utilizó empresas fantasmas para evadir impuestos durante su residencia en España, aunque la cantante ha negado estas acusaciones argumentando que su estancia en el país no fue estable debido a sus compromisos artísticos internacionales.

Shakira ha mantenido una postura de negación frente a las acusaciones de fraude fiscal, y se espera que el proceso judicial brinde un espacio para esclarecer la situación y determinar la veracidad de las alegaciones presentadas por la Fiscalía. Con una reputación global y una carrera exitosa en la música, el caso de Shakira resalta la atención continua sobre las obligaciones fiscales de los artistas internacionales en España.

Este caso se suma a una serie de investigaciones y procesos legales que han involucrado a celebridades y figuras públicas en temas de evasión fiscal en el país ibérico, lo que refleja una postura más estricta por parte de las autoridades fiscales españolas en los últimos años.